Presentación del programa

El futuro y viabilidad del sector minero depende de una política pública enmarcada en el interés general y el beneficio colectivo y de una transición gradual y consensuada que se ajuste a la gestión del cambio climático, la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria y los derechos humanos. Los retos de una minería responsable con el futuro del país son enormes y complejos, pero ese es el único camino posible para avanzar en una transición pacífica, alineada a los grandes propósitos ambientales, sociales y económicos de la Nación, que permitan superar el modelo extractivista, y que se sintonice con la cambiante dinámica internacional del sector minero.  

El sector minero colombiano fue por décadas una actividad aislada de las grandes discusiones de la sociedad y, excepto por su generación de regalías, impuestos y exportaciones, se ignoró su aporte al desarrollo de la economía, contando incluso con estímulos tributarios por la explotación y exportación de bienes primarios y reconociendo al Estado una contraprestación (regalías) que ya no refleja el valor de los minerales estratégicos que tienden a la escases en el mediano plazo y que con urgencia buscan los países desarrollados. Fruto de cuestionables decisiones de política pública, el sector anduvo por años entre el extractivismo puro y el rentismo. La minería se evalúa por su aporte al Producto Interno Bruto y a las exportaciones, como fuente de ingresos públicos y un nivel de empleo apenas consistente con la extracción y exportación de bienes primarios. La Carta Política sólo aparece en la regulación minera para blindar los derechos a la propiedad, la seguridad jurídica de las empresas, la autonomía empresarial y la libre competencia.

Mientras las naciones que conocemos como desarrolladas, utilizaron sus minerales para generar bienes con valor agregado y servicios que permitieron el rápido avance de sus economías, nuestro país tomó el camino opuesto, concesionando la riqueza del subsuelo para obtener rentas fáciles, promoviendo la exportación de bienes primarios, reprimarizando la economía y haciéndola dependiente de los ciclos internacionales de la demanda y de los precios.

La minería responsable con el futuro del país superará con creces lo alcanzado en décadas de extractivismo y le permitiría al Estado, con una política minera autónoma y soberana, planear el presente y futuro de sus minerales estratégicos, impulsar la descarbonización de la economía, y generar valor agregado mediante cadenas productivas que aporten empleo, bienestar e ingresos para financiar el gasto social y reducir los altos niveles de desigualdad.

El futuro y viabilidad del sector minero depende de una política pública enmarcada en el interés general y el beneficio colectivo y de una transición gradual y consensuada que se ajuste a la gestión del cambio climático, la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria y los derechos humanos. Los retos de una minería responsable con el futuro del país son enormes y complejos, pero ese es el único camino posible para avanzar en una transición pacífica, alineada a los grandes propósitos ambientales, sociales y económicos de la Nación, que permitan superar el modelo extractivista, y que se sintonice con la cambiante dinámica internacional del sector minero.  

El sector minero colombiano fue por décadas una actividad aislada de las grandes discusiones de la sociedad y, excepto por su generación de regalías, impuestos y exportaciones, se ignoró su aporte al desarrollo de la economía, contando incluso con estímulos tributarios por la explotación y exportación de bienes primarios y reconociendo al Estado una contraprestación (regalías) que ya no refleja el valor de los minerales estratégicos que tienden a la escases en el mediano plazo y que con urgencia buscan los países desarrollados. Fruto de cuestionables decisiones de política pública, el sector anduvo por años entre el extractivismo puro y el rentismo. La minería se evalúa por su aporte al Producto Interno Bruto y a las exportaciones, como fuente de ingresos públicos y un nivel de empleo apenas consistente con la extracción y exportación de bienes primarios. La Carta Política sólo aparece en la regulación minera para blindar los derechos a la propiedad, la seguridad jurídica de las empresas, la autonomía empresarial y la libre competencia.

Mientras las naciones que conocemos como desarrolladas, utilizaron sus minerales para generar bienes con valor agregado y servicios que permitieron el rápido avance de sus economías, nuestro país tomó el camino opuesto, concesionando la riqueza del subsuelo para obtener rentas fáciles, promoviendo la exportación de bienes primarios, reprimarizando la economía y haciéndola dependiente de los ciclos internacionales de la demanda y de los precios.

La minería responsable con el futuro del país superará con creces lo alcanzado en décadas de extractivismo y le permitiría al Estado, con una política minera autónoma y soberana, planear el presente y futuro de sus minerales estratégicos, impulsar la descarbonización de la economía, y generar valor agregado mediante cadenas productivas que aporten empleo, bienestar e ingresos para financiar el gasto social y reducir los altos niveles de desigualdad.

Propuesta de valor

La suerte del sector minero colombiano está atravesada por hechos sin antecedentes en la historia de la humanidad, como el cambio climático, las cada vez mayores presiones sociales por cuidar el agua y preservar los ecosistemas, la defensa de los derechos humanos y la batalla de las potencias económicas tradicionales y las emergentes por los minerales estratégicos, base y fuente de su hegemonía mundial.  Esta coyuntura es excepcional y representa una gran oportunidad por revaluar el modelo extractivista y avanzar a un modelo de minería responsable con el futuro del país, con la economía, el ambiente y la sociedad; esta es la gran oportunidad para que profesionales, con una visión integral, una mirada desde el interés general y a la minería desde la utilidad pública, puedan contribuir a la construcción de un nuevo país.